El sector bancario español lleva ya cinco años presentando importantes problemas que son constantemente abordados por los gobernantes nacionales y comunitarios mediante todo tipo de reformas y prácticas que, en última instancia, persiguen el saneamiento de unas entidades de crédito muy perjudicadas. A lo largo de las siguientes líneas tratamos de analizar el proceso de reestructuración bancaria dirigido por las autoridades desde el estallido de la crisis económica, abordando las ayudas públicas que ha recibido el sector, así como las diferentes medidas adoptadas encaminadas a apuntalarlo y fortalecerlo. Por último, ofrecemos nuestras conclusiones sobre la situación actual de la banca española y las dificultades a las que se enfrentará en el futuro.Los inicios de la crisis bancaria en EspañaTranscurridos ya más de cinco años de la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, en septiembre de 2008, muchas cosas han sucedido en la economía española, especialmente a partir de 2011. Lo que asomó en el verano de 2007 como una lejana turbulencia financiera en Estados Unidos asociada a las hipotecas subestándar o subprime, ha devenido en el mayor rescate público de la banca privada por parte del Estado español.Y aunque ahora pueda sorprender, en un inicio pareciera tener cierto sentido pensar que las entidades españolas estarían a salvo de la crisis bancaria en Estados Unidos. Tres eran los motivos fundamentales. Por una parte, como herencia de la grave crisis durante los años setenta del pasado siglo, el Banco de España obligaba a las entidades a realizar una serie de provisiones genéricas o dinámicas. Es decir, bancos y cajas de ahorro debían apartar una cantidad de recursos en una reserva obligatoria, al margen de las provisiones que pudieran exigirse por operaciones concretas en función del riesgo. Segundo, la tasa de morosidad hipotecaria mostraba unos niveles muy bajos (en torno al 0,5% sobre el total de préstamos). El problema de grandes impagos hipotecarios parecía así poco probable: las familias españolas hacen lo imposible antes de perder su casa y el mercado hipotecario local resulta especialmente favorable para el acreedor. Y, en tercer lugar, el Banco de España había logrado evitar que los bancos bajo su supervisión participaran en aquellos mercados de derivados financieros en Estados Unidos, por lo que evitaron quedar expuestos a tales activos “tóxicos”. Sin duda, su prestigio internacional como supervisor se veía más reforzado si cabe. No tardaría en perderlo completamente.Esa aparente mejor situación de la banca española al inicio de la llamada “Gran Recesión” explicaba que en esos primeros años de crisis, las ayudas públicas a la banca local fueran escasas, en contraste con los fuertes rescates en Alemania, Países Bajos o Reino Unido entre otros Estados europeos. Sin embargo, aquel diagnóstico tan favorable obviaba –o minusvaloraba cuando menos– dos grandes riesgos latentes relacionados entre sí. El primero era la excesiva concentración del negocio bancario en la construcción. Según datos del Banco de España, como promedio, los bancos concentraban en 2007 un 56% de sus préstamos en actividades vinculadas al sector inmobiliario: adquisición y rehabilitación de vivienda; construcción y promotor. En el caso de las cajas, la concentración total promedio del crédito en esas actividades resultaba aún mayor: un 73%, aunque también con importantes diferencias entre unas entidades y otras[i].El segundo elemento de riesgo, derivado del anterior lo constituye la elevada dependencia de las entidades españolas a la financiación exterior. El modelo de crecimiento español desde mediados de los años noventa se caracterizó por un creciente proceso de endeudamiento privado, sobre todo corporaciones no financieras. Y dicho endeudamiento tenía como intermediarios a bancos y cajas. Es decir, la economía española se hacía cada vez más dependiente del ahorro exterior y éste era canalizado básicamente por el sector bancario. En tan sólo cinco años, desde 2002 a 2007, la deuda externa de la economía española aumentó en un 132%, llegando a superar el 150% sobre el PIB. Esta dependencia de la financiación exterior será muy relevante para entender el interminable proceso de saneamiento bancario por parte del Estado español.La ya referida caída de Lehman Brothers supuso el principio del fin, pues con su derrumbe se secaron los canales internacionales de crédito. Nadie se atrevía a prestar a nadie. Y en ese contexto las entidades españolas se enfrentaban a una situación más que delicada.El gobierno socialista de entonces trató de calmar a los inversores subrayando las fortalezas de la economía española, así como de su marco institucional. Pero había una enorme burbuja inmobiliaria aún sin explosionar.El largo periplo para abordar el problemaIncluso tras el colapso de Lehman, el diagnóstico oficial era de un “aterrizaje suave” que corrigiera sin mayores traumas los posibles sobreprecios de bienes raíces. Pero se trataba de una colosal burbuja inmobiliaria. Según datos de la European Mortgage Federation, ya en 2003 se construían en España más casas que en Francia y Alemania juntas (622.185 viviendas frente a 322.600 de Francia y 263.317 de Alemania). El sector de la construcción representaba en 2007 un 17% del PIB y el crédito crecía a tasas interanuales del 20%, en buena medida por empréstitos vinculados al ladrillo. Todo ello, insistimos, con una elevada dependencia de la financiación exterior.Tal vez precisamente por ello, se optó por limitarse a reforzar la confianza de los inversores internacionales. Así, las únicas medidas que se adoptaron a partir de 2008 fueron las de trasladar al ámbito estatal los acuerdos alcanzados a escala europea al respecto de la crisis financiera. Se aprobaron entonces los Reales Decretos 6/2008 y 7/2008 del 10 y 13 de octubre respectivamente. El primero creaba el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, FAAF. Con una dotación de 30.000 mil millones de euros ampliables a 50.000 su objetivo era garantizar liquidez a bancos y cajas. Solo podía adquirir activos de máxima calidad (cualificación mínima AA) que luego se revendían, por lo que funcionaban en realidad como un préstamo público garantizado. Al ser de máxima calidad no servían para sanear los balances. El segundo Real Decreto citado tenía el pomposo nombre de “Medidas Urgentes en Materia Económico Financiera en relación con el Plan de Acción concertada de los Países de la Zona Euro”. Se trataba de un programa de avales del Estado por valor de hasta 100.000 millones de euros (en torno a un 10% del PIB) a la emisión de pagarés, bonos y obligaciones que hicieran las entidades financieras. Esto quiere decir que ante posibles problemas de impago por parte del banco emisor, el Estado español se haría cargo de devolver el dinero comprometido a los inversionistas. Como en el resto de garantías públicas, no se trata de un gasto efectivo, pero sí de socializar un riesgo privado. El gran problema a nuestro juicio de esta medida no era tanto el propio aval, sino sobre todo que este se concediera sin auditar previamente las cuentas de esas entidades para garantizar la seguridad de la operación. Parece razonable suponer que eso se desechó para evitar mostrar dudas sobre la salud de un sector cuya fortaleza era predicada por el mundo. Eso, más la bomba de relojería que suponían algunas cajas de ahorro, tema evitado por los principales partidos políticos, y por el gobernador del Banco de España.Sin contar los referidos avales, las ayudas públicas efectuadas por el Estado español durante 2008 representaban sólo un 0,48% del PIB aquel año, lo que reforzaba el mantra oficial. Sin embargo, ya en ese mismo año 2008 el sector inmobiliario comenzaba a mostrar signos preocupantes. De hecho, en el mes de julio se produjo la suspensión de pagos más grande de la historia de España, con la entrada en concurso de acreedores del gigante inmobiliario Martinsa-Fadesa.Por su parte, en el ámbito bancario, el primer síntoma evidente lo supuso la intervención por el Banco de España de Caja Castilla La-Mancha (CCM), el 28 de marzo de 2009. Se permitió que el ente supervisor inyectara liquidez para mantener las obligaciones de la caja de ahorros con depositantes y acreedores, con lo que se estrenaba la Ayuda a la Liquidez de Emergencia (ELA), como procedimiento extraordinario que aún se mantiene[ii]. En total, según datos de la Asociación Española de Banca, la patronal del sector, se inyectó un total de 3.642 millones de euros. Además, para su posterior venta a Cajastur se ofrecieron garantías[iii] de hasta 2.500 millones de euros. El importe de la pérdida esperada menos la ya materializada es de 526 millones de euros. Las ayudas directas aquel año, sumando recapitalizaciones, garantías y otras formas de liquidez sumaron, según datos de la Comisión Nacional de la Competencia, un total de 56.743,55 millones de euros: un 5,4% del PIB. Y lo peor estaba aún por llegar.La reacción oficial fue interpretar el caso de CCM como una prueba de fortaleza: el sector está sano, pero si aparece alguna manzana podrida la autoridad reguladora no dudará en retirarla del cesto. Así, las únicas medidas que se adoptaron fue reforzar el Fondo de Garantía de Depósitos hasta alcanzar casi los 7.000 millones de euros. Una cifra que resultó del todo insuficiente, si bien en su momento sirvió para presentarlo como el Fondo más capitalizado de la Unión Europea[iv]. En todo caso, y a fin de salvar las posibles insuficiencias de los Fondos de Garantía de Depósitos se creó el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, FROB (Real Decreto 9/2009 del 26 de junio), con una dotación inicial de 9.000 millones de euros (de ellos 6.750 millones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado), a los que se sumó una primera emisión de títulos para financiarse, avalados por el Estado, de 3.000 millones de euros. Su potencial de financiación estaba fijado hasta en diez veces su valor, esto es, 99.000 millones de euros. Es importante tener este dato en cuenta porque, de haber reconocido a tiempo el problema, tanto el gobierno del PSOE como después el del Partido Popular se habría evitado el rescate financiero de la “troika”.A finales de mayo de 2010 el Banco de España interviene Cajasur. Tras registrar en 2009 unas pérdidas de 596 millones de euros, el regulador trató de que la entidad se fusionara con otra para sanear sus cuentas, siendo la principal candidata la también andaluza Unicaja. Sin embargo, la caja de ahorros controlada mayoritariamente por la Iglesia católica prefirió ser intervenida antes que verse absorbida y controlada por la otra entidad, a su entender próxima al gobierno (socialista) de Andalucía. El FROB inyectó 800 millones de euros para cumplir los requisitos mínimos de capital regulatorio y se le concedió una línea de liquidez de 1.500 millones de euros hasta que terminase su reestructuración[v]. Posteriormente fue vendida en licitación a la entidad vasca Bilbao Bizkaia Kutxa Bank.La idea de fomentar fusiones como medida de saneamiento en las cajas era uno de los objetivos centrales del FROB. La lógica era la siguiente. Al unirse en entidades más grandes se aumentarían los recursos disponibles y las posibles necesidades de capital de las más débiles quedarían así cubiertas, todo ello minimizaría además el recurso a fondos públicos. El problema era, por una parte, que las cajas realmente fuertes eran pocas; y, por otro lado, se acometía una fusión sin antes verificar la salud de sus balances contables, ni las entidades realizaron unos due diligence adecuados (investigaciones previas a la firma de un contrato). El resultado de aquella estrategia quedó bien resumido con el desastre posterior de BFA-Bankia.El modelo elegido para tales fusiones consistía en crear una sociedad anónima a la cual las cajas que fueran a unirse entraban a participar. Se cedía a estas sociedades de gestión sus respectivas cuentas que, al reunirse en otra entidad común quedaban mutualizadas. Quiere esto decir que los posibles problemas en el balance de una serían compensados con los recursos de otras. Cuando esa mutualización resultara insuficiente se acudiría al FROB, quien aportaría recursos mediante la suscripción de acciones preferentes. Esto suponía un título de carácter perpetuo y a unos tipos de interés muy elevados para las cajas. Tales preferentes podían ser convertidas en acciones ordinarias a petición del FROB. Este sistema de “saneamiento” de cajas se denominó Sistema Institucional de Protección, aunque también se le conoce como “fusiones frías”.Para solventar los conflictos legales entre la naturaleza jurídica de las cajas y estas fusiones se reformó la ley de cajas (LORCA), pero de hecho abría la posibilidad para su transformación en bancos, vieja aspiración del resto de entidades. Tal deseo por parte de los bancos se debía, entre otros, a dos factores. Primero, por su condición las cajas no eran susceptibles de ser compradas o participadas por un banco. Y dos, aunque privadas (que no públicas) eran entidades sin ánimo de lucro, con mucho arraigo entre la población y una labor social. Por tanto, contaban con una buena imagen y elevada fidelidad de su clientela, prácticamente sin competencia con los bancos. Ahora se les permitía participar como tales cajas centrando su actividad en otra sociedad con otra naturaleza distinta a ellas.Con el objetivo de reforzar la credibilidad en la salud financiera de las cajas fusionadas se exigió por ley[vi] un nivel de capital regulatorio mínimo del 10% que podría ser del 9% si lograban financiarse mediante la emisión de acciones. En caso de no poder cumplir por sí mismas los requisitos mínimos de capital regulatorio, la diferencia hasta alcanzar la cantidad exigida sería cubierta por el FROB. La cantidad necesaria se estimó en 15.000 millones de euros y por primera vez se reconocía la posibilidad de necesidades de capital en el sector.Cabe añadir que, en cierta medida, el primer rescate para recapitalizar entidades vino antes mediante la escandalosa venta en masa de preferentes y otros activos híbridos a ahorradores minoristas. Estas ventas se intensificaron sobre todo desde que, en 2008, el Banco de España decidió que estos podían computarse como parte del capital regulatorio. Se iniciaba entonces, con la complacencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la venta desbocada a pequeños ahorristas, en muchos de los casos gente mayor, sin conocimientos financieros como para entender las implicaciones de su adquisición y que confiaban allí su dinero de toda una vida. Se puede decir, por tanto que, en cierta medida el primer rescate a la banca vino con la estafa a miles de personas, pequeños ahorradores[vii].El proceso de fusiones y adquisiciones desde 2009 cambió el mapa bancario español y sobre todo el de sus cajas, ahora transformadas en bancos[viii]. Pero tales fusiones no han evitado una continua sangría de dinero público para rescatarlas. Mientras, aquella dilapidación de recursos del Estado se hacía sin entrar a conocer la situación real de aquellas entidades y manteniendo intacto el capital de los propietarios del capital.Según cifras de la Comisión Nacional de la Competencia en sus respectivos informes anuales, en 2010 se habían destinado 87.145,47 millones de euros en ayudas públicas al sector financiero, un 94,2% del total de ayudas públicas aquel año. De ellos, 9.497 millones habían sido para recapitalizaciones directas, 55.825 millones se dedicaron a garantías, 2.862 millones al rescate de activos deteriorados y 18.961 millones a aportaciones de liquidez.En 2011 la cifra fue algo menor, 84.195,18 millones de euros como resultado de sumar recapitalizaciones (8.510 millones), garantías (62.197 millones) y aportaciones de liquidez (13.488 millones).Ese año el FROB nacionalizó la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, ante su pésima situación con una inyección de capital de 2.800 millones de inyección de capital y facilidades crediticias por valor de 3.000 millones de euros. Fue comprada por Banco Sabadell por un euro.En septiembre de ese mismo año, las fuertes pérdidas, así como la imposibilidad de alcanzar los criterios de capital exigidos por aquella reforma financiera, llevó al FROB a nacionalizar UNNIM[ix], Catalunya Caixa y Novacaixagalicia Bank. La primera, UNNIM, recibió una inyección de capital de 568 millones de euros, aparte de la conversión en acciones ordinarias de 380 millones de euros que tenía el FROB en preferentes. Total: 948 millones para ser posteriormente vendida al BBVA por un euro.En el caso de Caixanovagalicia Bank el FROB aportó una inyección total de 2.465 millones de euros. Lo mismo sucedió con Catalunya Caixa, con una recapitalización que supuso 1.718 millones de euros de las arcas públicas. En estos dos casos el futuro de ambas entidades es aún incierto a la espera de comprador.En noviembre de 2011 el FROB rescata al Banco de Valencia, con una inyección de capital de hasta mil millones de euros más otra línea de liquidez de emergencia de hasta dos mil millones de euros. Total: 3.000 millones de euros, adjudicado a Caixabank por un euro en 2013.Tres entidades salieron a bolsa aquel año: Bankia, Banca Cívica[x] y Caixabank. La más tranquila parecía ser la catalana Caixabank, mientras que todas las miradas estaban puestas en la salida de Bankia. Banca Cívica terminó integrada en 2012 en Caixabank.En el proceso de fusiones frías habían destacado dos grandes, Caja Madrid y la valenciana Bancaja, a las que se le sumaron otras de menor tamaño (Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja Ávila y Caja Segovia). Si aquel esquema de saneamiento planteaba algunas dudas, esta fusión las tenía todas. Fusionar dos grandes entidades con dificultades solo prometía agrandar el problema, al que se le denominó Banco Financiero de Ahorros, BFA. De nuevo, tal unión se permitió, e incluso se alentó por parte de las autoridades. BFA pasaba a ser la cuarta entidad más grande por volumen de activo, que representaba en torno a un tercio del PIB español, un tamaño digno de riesgo sistémico. Las dificultades para cumplir los requisitos de capital, con la consiguiente amenaza de que entrara el FROB, sin duda animó a la entidad presidida por Rodrigo Rato a tratar de financiarse saliendo a bolsa. Para ganar la confianza de los inversores BFA se había conformado como una especie de “banco malo”, donde se concentraban los activos más problemáticos, mientras que Bankia era otra sociedad del grupo en la que aparentemente estaban los activos de más calidad. Esta última, la parte “sana”, sería la que saldría finalmente a bolsa. Sin embargo, la cuestión las dos entidades formaban en definitiva parte de una misma unidad.La jugada era ciertamente arriesgada, pues BFA concentraba buena parte de las sospechas de insolvencia por parte de los inversores internacionales, dada su elevada exposición (tanto por Bankia como, sobre todo, por Bancaja) al sector inmobiliario. La salida a los mercados se hacía además sin antes realizar una profunda evaluación interna con los saneamientos previos que fuesen necesarios, a la búsqueda de accionistas. Eso sí, aparte del visto bueno de gobierno y Banco de España, contaba con el informe favorable de la auditora Deloitte y la participación de dos grandes bancos de inversión, JP Morgan y Lazard. El apoyo público para lograr una salida exitosa fue evidente, pero no evitó que el tramo mayorista de la emisión (el reservado a grandes inversores) resultara un fracaso. Así, la venta se cubrió solo gracias al tramo minorista, es decir, pequeños inversores confiados. La emisión inicial se hizo a 3,75 euros por acción, pero tras el posterior rescate de BFA en 2012 se fijó su nuevo valor por un céntimo. Aquella desastrosa decisión de salir a bolsa está hoy en día en los juzgados por presunto fraude.Aparte de las ayudas estatales, la otra vía de rescate público para el sector financiero provino del Banco Central Europeo (BCE) mediante un programa para inyectar masivamente liquidez al sistema financiero, dado el nulo acceso a los mercados por parte de los bancos en la periferia de la eurozona. Hasta la fecha han sido dos, en diciembre de 2011 y febrero de 2012. El presidente del BCE, Mario Draghi, ha anunciado recientemente una posible tercera. Esta inyección de liquidez, llamada LTRO (siglas de Long Term Refinancing Operation) consiste en una línea de préstamos a tres años para los bancos. En circunstancias normales el BCE, como el resto de bancos centrales, realizan las llamadas operaciones permanentes de crédito, donde se subastan préstamos a partir de un tipo de interés mínimo de puja. La diferencia ahora es que la LTRO lo hace sin fijar un límite a la cantidad ofertada y amplía el plazo a los citados tres años. Además, amplía el listado de colaterales (avales) admitidos para la concesión de estos créditos. Es decir, se relajaron mucho las condiciones para que cualquier entidad pudiese adquirir financiación. Los bancos españoles concentraron un tercio de estos créditos del BCE. Un acumulado de más de 300.000 millones de euros a finales de 2012.La situación de crisis agravada por las políticas de austeridad tanto en la economía española como a escala europea empeoraban las circunstancias. La financiación privilegiada del BCE permitía operaciones de carry trade, consistentes en pedir prestado al BCE con sus bajos tipos de interés para comprar deuda pública soberana con rentabilidades más elevadas. A corto plazo es todo un negocio para las entidades pero no es sostenible en el tiempo como veremos. La mala situación económica y los problemas de solvencia de la banca llevan a una “trampa de la liquidez” por la que la ingente financiación aportada por el BCE no se filtra a la economía real, sino que se queda en el propio circuito financiero, bien en los depósitos que los bancos tienen en el banco central, bien en las citadas operaciones de compra de bonos soberanos. Estas operaciones les permiten atender sus obligaciones de pago más inminentes con sus acreedores, pero traen aparejados nuevos problemas. Al no cumplir con su principal vía de negocio, como es la concesión de préstamos, la economía no se recupera, acuciada a su vez por el sobreendeudamiento de hogares y corporaciones no financieras. La consiguiente caída de la demanda deteriora la situación económica, agravada a su vez por las políticas contractivas de gasto público en un momento donde sólo el Estado puede impulsar la inversión productiva y combatir el desempleo. Ese deterioro supone un agravamiento en la percepción de los inversores sobre el país y con ello aumenta la prima de riesgo. El valor de los bonos de deuda soberanos baja ante la mayor probabilidad de impagos, lo que deteriora el balance de los bancos, cargado de esos títulos de deuda pública. El propio deterioro de los bancos agrava la percepción de riesgo–país, por lo que sube de nuevo la prima de riesgo ante la amenaza de una quiebra bancaria y un posible rescate muy costoso, lo que alimentará el déficit público y la deuda. En consecuencia, aunque a corto plazo suponen un balón de oxígeno para las entidades, pasado un tiempo lo que consiguen es estrechar los vínculos entre la crisis bancaria y la de deuda soberana, para que ambas se alimenten entre sí.Esta vinculación entre deuda soberana y crisis bancaria quedó evidenciada en 2012 con la culminación del desastroso proceso de BFA-Bankia. Ese año, ya con el nuevo ejecutivo conservador del Partido Popular en el gobierno, se profundiza en la primera reforma financiera del PSOE incidiendo más si cabe en la recapitalización de entidades. En febrero, el ministro de economía, Luis de Guindos, presenta su primera reforma financiera (Real Decreto 2/2012, del 4 de febrero). En su declaración de intenciones pretendía que se sanearan por fin los balances de los bancos, aumentando las exigencias de provisiones por exposición al sector inmobiliario. Esta vez las necesidades de recursos para la banca entre provisiones y dotación de capital ascendían hasta casi los sesenta mil millones, frente a los 15.000 estimados en la anterior reforma del PSOE. Aunque más exigente en el esfuerzo a la banca, la lógica subyacente en el plan de Guindos era la misma que el anterior. Reducir al máximo el riesgo de impagos mediante un reforzamiento de las provisiones y evitar el uso de dinero público. En este caso, se reforzaban incluso aquellas vinculadas a activos considerados sanos lo que teóricamente daría mayores garantías. Pero en la práctica esto supone aumentar unas mayores dotaciones con recursos cada vez más escasos, con lo que se agravan los malos resultados de las entidades. Además, al no entrar a verificar lo que realmente es sano entidad por entidad resulta complicado saber si lo que se refuerzan son activos sanos o se permite que salgan a la superficie préstamos de dudoso cobro hasta ahora ocultos. Por último, tanto esta reforma como la que vendría escaso tiempo después se centraban en el sector inmobiliario. Sin duda es en buena medida el origen de la actual crisis bancaria española, pero éste supone en torno a un 20% del negocio para la banca. ¿Qué sucede con el 80% restante?Con todos los problemas expuestos y que conllevaron de hecho la reforma financiera Guindos apenas unos meses más tarde (Real Decreto 18/2011 del 11 de mayo)[xi], la cuestión está en que de nuevo se eludía la cuestión de fondo, aunque ahora se nombrara: la situación real de los balances bancarios y el riesgo de insolvencia y no sólo de liquidez. Ahora sí se mencionaba el problema pero no se evaluaba. Con ello se evitaba aparentemente el coste político de utilizar dinero público para salvar bancos. Intento fallido como sabemos. Y, en segundo lugar, las ayudas se hacen inevitables pero sin tocar a los órganos directivos de las entidades en riesgo de quiebra, y sin que los bonistas y otros propietarios del capital asuman ninguna carga en la recapitalización.La situación cambiaría a partir del rescate a BFA, la matriz de Bankia. En su primera reforma, de Guindos había aumentado la dotación del FROB hasta los 15.000 millones y podía financiarse en los mercados hasta los 115 mil millones de euros. Pero, inexplicablemente no se hizo uso de ese recurso.Los mayores requisitos con la reforma financiera pusieron en serios aprietos a esta entidad, además de la falta de apoyos del gobierno para sacar adelante el plan de recapitalización planteado por Rodrigo Rato. Todo ello unido sus problemas para aprobar las cuentas del grupo financiero, con un beneficio declarado de 309 millones de euros para 2011. Sin embargo, la publicación de un oportuno adelanto sobre un posterior informe del FMI mencionaba, sin citarla expresamente, los problemas de Bankia. Rato dimite y ocupa su cargo Ignacio Goirigoizarri. A su llegada se revisan las cuentas y aquel beneficio de 309 millones se transforma en una pérdida de 2.979 millones de euros. Se pide al FROB que convierta en acciones los 4.465 millones de preferentes que mantenía de la entidad y se calculan unas necesidades de capital por valor de 19.000 millones de euros, frente al plan inicial de Rato, que lo fijaba en siete mil millones. La cuestión entonces es cómo puede afrontar el Estado español semejante dispendio. Si el FROB aportaba el dinero, en el mejor de los casos se quedaba sin recursos para afrontar posibles nuevos problemas. Y como no se había querido ver el problema o quizás con el cortoplacismo de no alarmar a los mercados, se desaprovechó la oportunidad en su momento de recurrir a la financiación a bajo coste que ofrecía el BCE.El Estado no puede entonces arriesgarse a comprometer tantos recursos en ese rescate y el acceso a financiación en los mercados financieros resulta demasiado caro debido a la elevada prima de riesgo en ese momento. Unas tensiones agravadas precisamente por la incertidumbre al respecto de BFA-Bankia. Así las cosas el gobierno opta finalmente por ceder a las presiones y solicitar un rescate financiero a la “troika”. Se ponía a disposición del sistema financiero español, canalizado a través del FROB una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros. El Estado español tenía que asumir unas condiciones, fijadas en el Memorándum de Entendimiento (MOU por su acrónimo en inglés)[xii] y actuar como avalista de ese préstamo a la banca, por lo que la cantidad finalmente utilizada se sumaría a la deuda pública. El plazo de esta línea de crédito terminaría en enero de 2014, salvo que se prorrogara (lo que finalmente no se ha hecho).Entre las imposiciones del Memorándum se imponía la creación de un “banco malo”, al estilo del NAMA en Irlanda, con mayoría de capital privado. Además, se establecía una auditoría al sistema bancario y la elaboración de unas pruebas de estrés por parte de una entidad ajena al Banco de España. Estas pruebas consisten en elaborar simulaciones bajo diferentes escenarios adversos para estimar la situación que presentarían los balances de las entidades y ver así su nivel de necesidades adicionales de capital. El puenteo al Banco de España, o más bien a la jefatura del Banco de España evidenciaba el descrédito que la institución había alcanzado con sus dos últimos gobernadores, Caruana por el PP y luego Fernández Ordóñez por el PSOE.El llamado “banco malo” se ha constituido mediante la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Su misión consiste en adquirir a los bancos aquellos activos y carteras crediticias considerados como problemáticos por el FROB, por lo que obliga su venta a esta entidad gestora[xiii]. La falta de inversores institucionales ha hecho que entren los propios bancos (salvo el BBVA) en la parte del 51% para accionistas privados, por lo que el banco malo no termina de desgajarse del resto.Al final de 2012 las ayudas directas a la banca habían supuesto sólo en inyecciones directas 39.139 millones de euros, según cifras de Eurostat. Ello elevaría el déficit público de aquel año un 3,8% del PIB, para alcanzar un 10,65% del PIB.A esto habría que sumarle 41.231 millones en avales concedidos para el programa de 2012 a la docena de entidades que se beneficiaron. En consecuencia, sin contar ayudas públicas de liquidez, el saldo total de 2012 entre recapitalizaciones y avales resulta de 80.370 millones de euros.Por su parte, la suma de recapitalizaciones directas desde el FROB 1, FROB 2, las procedentes de la UE a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos sumaban hasta 2012 66.911 millones de euros, un 6,4% del PIB de ese año según datos de la Asociación Española de Banca.La última ayuda pública aprobada por el gobierno hasta la fecha viene recogida en el Real Decreto 14/2013 de 29 de noviembre, por el cual se detalla una nueva ayuda por valor de 30.000 millones de euros consistente en garantizar buena parte de los activos fiscales diferidos en propiedad de los bancos para cumplir las nuevas exigencias de capital impuestas por los Acuerdos de Basilea III[xiv].Situación actual de los bancosHay que reconocer que en todo caso el MOU supuso un punto de inflexión en el modo de tratar la crisis bancaria, en la medida en que se ha explicitado el problema de solvencia y se ha comenzado a implementar el reparto de cargas con los propietarios del capital en las entidades. Esto explica a su vez los importantes esfuerzos que han tenido que hacer los propios bancos en materia de provisiones durante 2012, lo que ha lastrado los beneficios hasta convertirlos en pérdidas de 1.653 millones de euros.De esta forma, y gracias también a las mejores condiciones de financiación en los mercados financieros mayoristas y al aumento desde otoño de 2012 de los depósitos de hogares y empresas no financieras, el patrimonio neto del conjunto de entidades de depósito creció en tasa interanual un 6,3% en junio de 2013, aumentando su peso relativo sobre el activo total hasta el 6,1% frente al 5,4% observado un año antes[xv]. Este incremento se ha debido en gran medida a la evolución de los fondos propios de las entidades, que crecieron un 4,9% hasta alcanzar el 5,9% del activo total consolidado.En todo caso, las mejoras no despejan dudas, como es la compatibilidad entre un saneamiento del balance bancario y políticas de ajuste para contener la demanda y mejorar márgenes empresariales vía contracción salarial. De hecho, la calidad de los activos bancarios continúa disminuyendo, como así lo refleja el aumento todavía importante de la ratio de morosidad. Esta ratio aumenta porque se incrementan los activos dudosos (numerador de la ratio), pero también porque se reduce el crédito (denominador de la ratio).Además, el propio Banco de España en su Informe de Estabilidad Financiera de noviembre de 2013 reconoce que, mientras el contexto macroeconómico no afiance su recuperación es muy probable que la morosidad bancaria siga aumentando.El crédito continúa su ritmo decreciente. La caída en la financiación al sector privado se debió a la reducción interanual del crédito al sector privado, que presenta una disminución del 11% en junio de 2013, siendo su peso relativo dentro del balance del 56,1% en junio de 2013 (en junio de 2012 fue del 58,8%).Esta caída del crédito ha sido generalizada entre entidades, aunque la intensidad de ésta fue notablemente mayor para las entidades de los grupos 1 y 2[xvi], que explican 6,3% puntos porcentuales de los 11 puntos de caída experimentados por el sector en su conjunto.Este descenso del crédito se explica tanto por factores de demanda como de oferta, aunque todos ellos responden a su vez a la delicada situación que atraviesa la economía española, que difícilmente mejorará mientras se mantengan las políticas económicas de contracción de la demanda.Entre los factores de demanda cabe mencionar el importante proceso de desendeudamiento por parte de hogares y empresas españolas, que no volverán a solicitar créditos hasta que la deuda contraída durante el período de expansión económica quede reducida a niveles más razonables. Por otro lado, y aun considerando las empresas y hogares con balances más saneados, hay poca demanda de crédito porque los niveles de inversión son muy reducidos debido a las malas expectativas empresariales, y porque las familias no compran viviendas ni bienes de consumo ante el elevado desempleo, precariedad laboral y deflación salarial.Por el lado de la oferta destaca la necesidad que tienen las entidades bancarias españolas de reducir su deuda externa, por lo que los exiguos recursos que obtienen son destinados a reducir el endeudamiento y no a conceder nuevos créditos. Por otro lado, los bancos no conceden créditos porque temen no recuperar el dinero en el contexto de una recesión económica importante en la que predominan los impagos y las quiebras. Este hecho afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, ya que presentan una menor calidad crediticia y una mayor dificultad para ofrecer información sobre su situación de forma que los bancos puedan diferenciar las empresas solventes de las que no lo son. Así lo demuestra la encuesta del Banco Central Europeo sobre el acceso de las pymes a la financiación, donde se revela que casi un 23% de las pymes encuestadas a mitad de 2013 sostienen que su principal problema es conseguir financiación. En el caso de las grandes empresas este porcentaje disminuye hasta el 11%[xvii]. Además, la actual fragmentación en el área del euro hace que los costes de financiación de los bancos españoles sean más elevados que los que se derivarían del tono expansivo de la política monetaria única. Por último, las crecientes e importantes exigencias legales de dotaciones reducen aún más los beneficios y obligan a dedicar más recursos a reforzar activos dañados o expuestos a mayor riesgo.En resumen, aunque los resultados consolidados de las entidades españolas han pasado de registrar fuertes pérdidas en 2012 a registrar un saldo positivo en la primera mitad de 2013, y aunque el conjunto del patrimonio neto esté aumentando, existen importantes elementos de presión, relacionados con los menores volúmenes de actividad, el elevado nivel de activos improductivos y el flujo neto de inversión dudosa, en un contexto de reducidos tipos de interés que limitan los márgenes de la actividad financiera.ConclusionesA pesar de que durante los primeros años de crisis económica no hubo interés por reconocer que el problema de la banca española era fundamentalmente de insolvencia y no sólo de liquidez, con la aprobación en julio de 2012 del Memorándum de Entendimiento se empezaron a adoptar medidas que sí abordaban el núcleo del asunto. Como resultado, los datos oficiales revelan un leve progreso en el saneamiento de las entidades de crédito, aunque ello debe ser analizado con cautela debido a dos razones fundamentales. La primera es que los balances de los bancos son elaborados a partir de complejos mecanismos contables susceptibles de manipulación interesada, lo que permite mostrar al exterior una imagen más saneada de la que en realidad pueden tener. La segunda, todavía más importante que la primera, es que la cuestión no es tanto el saneamiento sino la recuperación de la actividad económica. El saneamiento es condición necesaria pero no suficiente porque, aunque supusiéramos saneado todo el balance de la banca, el problema persistiría ante una situación de recesión continuada en la que los activos sanos se tornarán problemáticos y disminuirá la demanda de crédito solvente.Por otro lado, no se ha abordado aun completamente el saneamiento de los bancos, destituyendo juntas directivas y haciendo un bail-in: recapitalización comenzando por quitas a bonistas y propietarios del capital (excepción hecha de estafados por venta de preferentes a minoristas). Por desgracia, ha sido sólo a partir del rescate impulsado por la troika cuando se ha variado la atención al problema aplicando medidas de compartir la carga (burden sharing). Pero se sigue intentando minimizar el problema sobre la base de minimizar el uso presente de ayudas públicas. Esto es un error. Lo adecuado sería maximizar el saneamiento para minimizar las ayudas públicas futuras, evitando así alargar innecesariamente la crisis bancaria. De fondo, y más allá del alcance de estas ayudas, urge replantearse un modelo bancario con un sistema financiero hipertrofiado que ha provocado la presente crisis.El saneamiento en España se ha centrado en la exposición inmobiliaria en los balances, pero ésta constituye apenas un 20% del total. Poco se sabe del resto, con una gigantesca deuda de corporaciones no financieras. Asimismo, se ataja el problema desde una óptica estática, desde los balances, a fin de recobrar la confianza de los inversores. Pero se obvia que el problema es dinámico y que depende del deterioro de las condiciones de pago, y de vida, de los clientes de esos bancos. Si el problema es sobre todo inmobiliario se hace imprescindible una quita ordenada de la deuda hipotecaria en función de la capacidad de pago y la creación de un parque público de viviendas de alquiler. Mientras no mejoren las expectativas no retornará la inversión productiva y con ella tanto la creación de empleo como la afluencia del crédito. No podemos predecir si será necesario otro rescate, aunque parece difícil compaginar la actual situación de políticas contractivas sin nuevas vías de ayuda directa e indirectas a la banca. La delicada situación económica de la mayoría de las familias y empresas no está mejorando, lo que hace que los ratios de morosidad sigan aumentando y con ellos el deterioro de los activos de los bancos. Por lo pronto el BCE ha anunciado una posible tercera ronda de inyecciones masivas de liquidez (LTRO) y no descarta compra masiva de títulos, al estilo de la Quantitative Easing estadounidense. El banco malo (SAREB) por su parte presenta demasiadas dudas sobre sus posibilidades sin asumir fuertes cargas por parte del Estado. Veremos.* Antonio Sanabria es economista investigador en el CADTM.**Eduardo Garzón es economista y miembro del Comité Científico de ATTAC España.
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