El sistema bancario español, que a partir de la concesión de los primeros 30.000 millones de euros del FEEF (hasta un máximo de 100.000 millones) canalizados a través del FROB, con un plazo medio de amortización de 12,5 años, quedaba bajo la supervisión directa de la "troika" formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, que pondría bajo su tutela al Banco de España, y por el FMI, por lo que el control del sistema financiero español dejaría de estar en manos del gobierno. Las condiciones quedaron establecidas en un denominado "memorándum de entendimiento" con 32 medidas a desarrollar en un plazo de un año. Paralelamente el Ecofin aprobó flexibilizar los objetivos de déficit para 2012, al pasar del 5,3% al 6,3%, aunque a cambio exigió al gobierno español que realice de forma inmediata más ajustes para alcanzar ese objetivo. Al día siguiente el presidente Mariano Rajoy anunciaba el mayor ajuste de la historia de la democracia: 65.000 millones de euros.
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Esta vinculación entre deuda soberana y crisis bancaria quedó evidenciada en 2012 con la culminación del desastroso proceso de BFA-Bankia. Ese año, ya con el nuevo ejecutivo conservador del Partido Popular en el gobierno, se profundiza en la primera reforma financiera del PSOE incidiendo más si cabe en la recapitalización de entidades. En febrero, el ministro de economía, Luis de Guindos, presenta su primera reforma financiera (Real Decreto 2/2012, del 4 de febrero). En su declaración de intenciones pretendía que se sanearan por fin los balances de los bancos, aumentando las exigencias de provisiones por exposición al sector inmobiliario. Esta vez las necesidades de recursos para la banca entre provisiones y dotación de capital ascendían hasta casi los sesenta mil millones, frente a los 15.000 estimados en la anterior reforma del PSOE. Aunque más exigente en el esfuerzo a la banca, la lógica subyacente en el plan de Guindos era la misma que el anterior. Reducir al máximo el riesgo de impagos mediante un reforzamiento de las provisiones y evitar el uso de dinero público. En este caso, se reforzaban incluso aquellas vinculadas a activos considerados sanos lo que teóricamente daría mayores garantías. Pero en la práctica esto supone aumentar unas mayores dotaciones con recursos cada vez más escasos, con lo que se agravan los malos resultados de las entidades. Además, al no entrar a verificar lo que realmente es sano entidad por entidad resulta complicado saber si lo que se refuerzan son activos sanos o se permite que salgan a la superficie préstamos de dudoso cobro hasta ahora ocultos. Por último, tanto esta reforma como la que vendría escaso tiempo después se centraban en el sector inmobiliario. Sin duda es en buena medida el origen de la actual crisis bancaria española, pero éste supone en torno a un 20% del negocio para la banca. ¿Qué sucede con el 80% restante?
Con todos los problemas expuestos y que conllevaron de hecho la reforma financiera Guindos apenas unos meses más tarde (Real Decreto 18/2011 del 11 de mayo)[xi], la cuestión está en que de nuevo se eludía la cuestión de fondo, aunque ahora se nombrara: la situación real de los balances bancarios y el riesgo de insolvencia y no sólo de liquidez. Ahora sí se mencionaba el problema pero no se evaluaba. Con ello se evitaba aparentemente el coste político de utilizar dinero público para salvar bancos. Intento fallido como sabemos. Y, en segundo lugar, las ayudas se hacen inevitables pero sin tocar a los órganos directivos de las entidades en riesgo de quiebra, y sin que los bonistas y otros propietarios del capital asuman ninguna carga en la recapitalización.
La situación cambiaría a partir del rescate a BFA, la matriz de Bankia. En su primera reforma, de Guindos había aumentado la dotación del FROB hasta los 15.000 millones y podía financiarse en los mercados hasta los 115 mil millones de euros. Pero, inexplicablemente no se hizo uso de ese recurso.
Los mayores requisitos con la reforma financiera pusieron en serios aprietos a esta entidad, además de la falta de apoyos del gobierno para sacar adelante el plan de recapitalización planteado por Rodrigo Rato. Todo ello unido sus problemas para aprobar las cuentas del grupo financiero, con un beneficio declarado de 309 millones de euros para 2011. Sin embargo, la publicación de un oportuno adelanto sobre un posterior informe del FMI mencionaba, sin citarla expresamente, los problemas de Bankia. Rato dimite y ocupa su cargo Ignacio Goirigoizarri. A su llegada se revisan las cuentas y aquel beneficio de 309 millones se transforma en una pérdida de 2.979 millones de euros. Se pide al FROB que convierta en acciones los 4.465 millones de preferentes que mantenía de la entidad y se calculan unas necesidades de capital por valor de 19.000 millones de euros, frente al plan inicial de Rato, que lo fijaba en siete mil millones. La cuestión entonces es cómo puede afrontar el Estado español semejante dispendio. Si el FROB aportaba el dinero, en el mejor de los casos se quedaba sin recursos para afrontar posibles nuevos problemas. Y como no se había querido ver el problema o quizás con el cortoplacismo de no alarmar a los mercados, se desaprovechó la oportunidad en su momento de recurrir a la financiación a bajo coste que ofrecía el BCE.
El Estado no puede entonces arriesgarse a comprometer tantos recursos en ese rescate y el acceso a financiación en los mercados financieros resulta demasiado caro debido a la elevada prima de riesgo en ese momento. Unas tensiones agravadas precisamente por la incertidumbre al respecto de BFA-Bankia. Así las cosas el gobierno opta finalmente por ceder a las presiones y solicitar un rescate financiero a la “troika”. Se ponía a disposición del sistema financiero español, canalizado a través del FROB una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros. El Estado español tenía que asumir unas condiciones, fijadas en el Memorándum de Entendimiento (MOU por su acrónimo en inglés)[xii] y actuar como avalista de ese préstamo a la banca, por lo que la cantidad finalmente utilizada se sumaría a la deuda pública. El plazo de esta línea de crédito terminaría en enero de 2014, salvo que se prorrogara (lo que finalmente no se ha hecho).
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